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La blanquitud como estatus

 

En Bolivia se suele discutir sobre clases económicas y sobre élites y contraélites políticas, pero poco se dice sobre los grupos de estatus social, cuya jerarquía siempre ha estado dominada por quienes esgrimen una condición étnica definida tradicionalmente como “superior”.

 

A despecho del antiguo esfuerzo ideológico para superar en la sociedad boliviana la relación entre el estatus y una determinada condición étnica, y, simultáneamente,  para desvalorar la “blanquitud”, esfuerzo que ha dado lugar, por ejemplo, a expresiones como “culitos blancos” y “q’aras”, la “blanquitud” sigue siendo una suerte de “ideal” para la mayoría de la población. 


Tal idealización de la blanquitud se debe a razones ideológicas, por ejemplo a una determinada concepción estética, que ha sido inculcada ancestralmente en la población, o al deseo, igualmente longevo, pues ha sido alentado con argumentos racionales y afectivos desde el comienzo de la república, de “parecerse a los europeos”. 


Pero también se debe a razones de índole económica: recordemos que la actual desigualdad en la posesión de los factores productivos, tierra, dinero, recursos naturales, educación, se originó históricamente en la distribución de estos factores entre los distintos “estamentos” del organismo colonial, que concedió la mejor parte  de los mismos a los blancos, los cuales eran la capa dominante de esta sociedad. 


Desde entonces, y pese a los diversos procesos de democratización de la riqueza que se han verificado a lo largo de la historia, por ejemplo, a pesar de la reforma agraria de 1953, la desigualdad digamos “estamental” se ha reproducido a lo largo del tiempo. Hasta hoy en día la mayor parte del capital, la parte más rica de la tierra y toda la educación de calidad se hallan concentrados en manos del estatus blanco. 


El proceso de “desestamentalización”, es decir, de creación de individuos con derechos jurídicos iguales, que fueron ejecutados en los casi 200 años de existencia del país, ha tenido un éxito parcial en cuanto al capital natural (la tierra) y el capital económico, pero ha fracasado en el campo educativo. 


Hoy el estatus “blanco” goza de un virtual monopolio de todos los puestos de la economía que requieran un alto nivel de conocimientos, con la sola excepción de los puestos estatales. Los principales médicos, abogados, administradores, ingenieros , pilotos y otros profesionales de alto estándar pertenecen a este estatus. La abrumadora mayoría de las personas con puestos ejecutivos en las grandes empresas, también. 


Y dado que estas grandes empresas, si bien solo emplean al 20% de la fuerza de trabajo, en cambio generan el 80% del PIB, podemos decir que, por mediación de los gerentes de estas compañías, la mayor parte de la riqueza nacional se halla en manos del estatus “blanco”.


Por supuesto una cosa es la “condición” y otra la “posición” estamental. Por tanto, es perfectamente posible que muchos miembros del estatus blanco no correspondan con el fenotipo “ideal” en torno al que este estatus se constituye (como dicen a menudo los visitantes al país los visitantes de los países del norte, cuya idea de la “blanquitud” es distinta a la nuestra); no posean entonces la “condición”, pero en cambio se identifiquen con este ideal y, sobre todo, establezcan relaciones con los demás bolivianos a partir de esta “posición”. En otras palabras,  si bien los grupos que ocupan y reocupan las posiciones superiores de la escala de estatus social no son propiamente “blancos”, siempre han esgrimido una supuesta blanquitud como medio de agrupamiento y diferenciación, para reclamar un “premio” que la sociedad les reconoce.


Ser “blanco” es considerado un signo de distinción social y cultural, es el reconocimiento de la posesión de un importante “capital simbólico”. Desde la Colonia los beneficiarios de este tipo de capital han procurado preservarlo y reproducirlo por medio de estrategias diversas, entre ellas las matrimoniales, que, aunque incapaces de mantener la “pureza” racial, algo imposible dada la aplastante mayoría numérica de los estatus “cholo” e “indígena”, buscaron una hibridación, por decirlo así, “controlada”.


Que la aplicación de esta estrategia no ha sido sencilla lo muestra la problematización del “encholamiento” por cierta literatura prerrevolucionaria del siglo XX, cuya obra emblemática es La Chaskañawi de Carlos Medinaceli. 


A la vez, y por las mismas razones, esto es, la adquisición de capital simbólico, los cholos han procurado cruces con “familias decentes”, para lograr los cuales a menudo han aportado con “dotes”.

En este caso la posición económica o de clase procura completarse con la “compra” de estatus social, o, para hacerlo breve, de blanquitud.


Simultáneamente, el rendimiento social “efectivo” del capital simbólico ha dependido, en todo este tiempo, de su capacidad para atraer otros dos tipos de capitales, el económico y el político. De ahí el agravio que significaron las sucesivas llegadas de “los cholos y la indiada al poder”, con Belzu, con el MNR, con la UDP y finalmente con el MAS.

Estrategias para lograr el “derecho al mando” 


El grupo de estatus “blanco” desarrolla estrategias para asegurarse un “derecho de mando” en la vida cotidiana (con efectos en la vida pública). Estas estrategias son de dos tipos, que llamaré “positiva” y “negativa”:

a) Estrategia positiva:


-Las imposiciones en cualesquiera de los órdenes sociales que le permitan considerarse -y hacerse considerar- como un estatus “superior”. Por ejemplo la imposición del “buen gusto” estético  o intelectual, que no es más que el gusto grupal, pero proyectado educativamente e interiorizado como el único válido por la sociedad; o de la imposición de ciertos hábitos como la ritualidad deseable y aceptable para el conjunto, digamos ciertas maneras de comer y de beber alcohol (dentro y no fuera de las casas), de bailar (valses y no cuecas o cuecas y no huayños, y en qué momentos), de vestir y peinarse (los modelos que se copian), de oler, de celebrar, de enamorar, de relacionarse con los jóvenes, de hablar, etc.


-La transformación de sus intereses en “intereses universales”. En Bolivia esto se ha producido sobre todo por medio de la aplicación de una “idea aristocrática” del poder político, que lo reserva para los ciudadanos “más preparados” (que, como hemos visto, son los que, por el monopolio educativo, pertenecen al estatus blanco). Esta ideología se encarnó en las prácticas jurídicas y educativas de la república durante el periodo censitario de la democracia nacional y, luego de la Revolución Nacional y del voto universal, se defendió como el “sentido común”: “deben gobernar (únicamente) los mejores preparados”. Un sentido común, sin embargo, construido socialmente. Es decir, inducido por la pervivencia “espiritual” de los estamentos, o, como debemos llamarlos a partir de la Independencia, de los “grupos de estatus étnicos”.


La construcción de este “sentido común” que fusiona profesionalización y derecho al mando (y de ahí el escándalo por la falta de títulos universitarios de ciertos políticos) se ha debido: i) a la tradición y la aplicación de las estrategias de reproducción del grupo “blanco” que estamos describiendo, ii) la dramática ausencia de una democratización real de la educación de alto nivel, iii) una serie de políticas estatales, como el “servicio civil obligatorio” que se aplicó durante el banzerato,  y iv) la fe, durante el periodo neoliberal, en la primacía de lo técnico sobre lo político. 

b) Estrategia negativa o discriminación:


Hay discriminación cuando se altera de una u otra manera el ejercicio igual, por parte de toda la población, de un conjunto de derechos reconocidos como de exigencia mínima para permitir una convivencia social sin graves injusticias ni desigualdades inaceptables. En este caso nos interesa la discriminación ejercida por el estatus “blanco” contra los estatus “cholo” e “indígena”, como una de las estrategias (“negativa”) que adopta éste para reproducir su posición privilegiada. Esto ocurre por medio de:


• Las prohibiciones: Cuando éstas se establecen para impedir que una persona o un grupo de personas disfruten de ciertas prerrogativas que sin embargo se reconocen a otra persona u otro grupo de personas. No son legales pero funcionan como “vetos” implícitos. Vetos al ingreso o al paso por un lugar público, a la participación en determinadas instituciones sociales (clubes deportivos o de esparcimiento, fraternidades, etc.), a la obtención de cierto tipo de empleos o determinadas responsabilidades políticas en la comunidad y en el Estado; veto a comportamientos que en cambio son admitidos a otros individuos y grupos, al goce de ciertos tipos de propiedad, como inmuebles en determinados barrios, etc. Generalmente se las camufla atribuyéndoles motivos económicos, y se aprovecha, para realizarlas, de las imperfecciones del aparato jurídico-político encargado del cumplimiento de los derechos de la ciudadanía: huecos legales, la naturaleza ambigua de algunas instituciones de las cuales no se sabe a ciencia cierta si son públicas o privadas ( como los clubes deportivos, fraternidades); la arbitrariedad y el secretismo de las decisiones empresariales e institucionales, que en muchos casos no están sujetas a control externo; los discursos, creencias y hábitos que apelan a la “tradición”.


• Las agresiones: la estrategia de discriminación crea una tensión y un roce permanentes entre discriminadores y discriminados. En Bolivia normalmente las agresiones son simbólicas y verbales, antes que físicas, y consisten en: 


i) La estereotipación: “el indio es sucio”, “el camba es flojo”, “el cholo es deshonesto”. 


ii) El paternalismo y la inferiorización: tutear a los indígenas, sin importar su edad, llamarlos “hijos” e “hijas”, intervenir paternalmente en la vida personal de los subalternos. 


iii) La sospecha, a partir del estereotipo de que los discriminados son “ladrones”, “amigos de lo ajeno”, y en general no son confiables, así que requieren “estar controlados” bajo la más estricta supervisión.
iv) El insulto en situación de conflicto:  “indio (cholo) de mierda”, “t’ara”, etc.


v)  La utilización de apelativos y motes con intención denigratoria: “llokalla”, “birlocha”, “cunumi”, “camba”, “colla”, “grasa”, “naco”, “negro”, etc. 


vi) El acoso laboral y escolar.

Por supuesto, no es que el estatus “blanco” en su conjunto aplique estas estrategias, en especial la que hemos denominado “negativa”. Sin embargo, las excepciones tampoco son muy numerosas. 

La “paradoja señorial”


Ser “blanco” ha equivalido hasta 1952 a ser el “señor” o la “señora”, o, para ser más preciso con el lenguaje, el “caballero” y la “señora”, a los que la sociedad reconocía derecho de mando, tanto en la cotidianeidad como, a los varones, en la vida pública; después de la Revolución Nacional este “derecho de mando”, estrechamente asociado al monopolio por parte de este estatus de la educación de mayor calidad, se ha conservado en el campo de la contidianeidad social. Este fenómeno ha sido retratado parcialmente por la figura que plantea René Zavaleta bajo el nombre de “paradoja señorial”. 


Aunque la Revolución se hizo para desplazar a los señores del poder y para acabar con los estatus étnicos por medio de la fusión de todos en uno solo, el mestizo; y pese a que en efecto acabó con los señores en el campo (más que por decisión del MNR, por exigencia de los indígenas), pronto la Revolución fue sobrepasada o infiltrada, como se quiera, por el sistema de estatus. 


Este rebrotó una vez más en torno a la superioridad del estatus blanco, que para hacerla valer esgrimió los capitales de los que la convulsión no lo había despojado: la mayor parte del capital económico, es decir, la propiedad de los bancos, comercios, etc., que no había sido tocados por la nacionalización de la gran minería; todo el capital cultural; el capital simbólico (su condición de “gente idónea para hacer el mejor gobierno”). 


Lo único que había perdido la parte más conspicua del estatus era su capital político, que le había sido arrebatado por las capas más empobrecidas del mismo. Los “rosqueros” fueron desplazados por los jefes “movimientistas”, que también eran “blancos”, aunque con un esquema de alianzas y una ideología antiblancos. Pero los rosqueros pronto se reciclaron en el movimientismo gracias al uso de su capital simbólico y económico. Este capital simbólico sin embargo, puesto que era la esencia de lo señorial que se quería superar, cesó de ser llamado por su nombre: dejó de ser la calidad de los hombres “decentes”, que los hacía merecedores para llegar al poder, y se convirtió en la calidad de los hombres y mujeres “mejor preparados”. A partir de este momento, el estatus se consagró a invertir en educación para sus vástagos. 


De este modo, se puede decir que la sociedad boliviana tiende a conceder a sus capas gobernantes una “condición señorial”: la élite política, sin importar qué clases sociales  represente, tiende a estar compuesta por el estatus blanco, porque este es el mejor educado y el tradicionalmente visto como gobernante. Desde la Revolución, la élite no representa políticamente esta condición estamental (ninguno gobierna, como antes, para los “decentes”), pero la perpetúa en silencio. Por lo menos hasta 2006.

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